Columna de opinión por Juan Pablo Espinoza, Director Ejecutivo de Fundación Territorios Colectivos.
Sin duda, en un periodo de pandemia, tendemos a sacar lo mejor de nosotros como sociedad y poner, por sobre todo, el trabajo asociativo y la cooperación que nos permita salir adelante todos juntos y juntas, y ojo, no por arte de magia y mucho menos por obra del Espíritu Santo.
Muchos podrán decir que el crecimiento, desarrollo y bienestar social, se debe alcanzar a todo costo, incluso por sobre el bien individual y colectivos de la sociedad, lo que es una prueba fehaciente sobre cómo se ha naturalizado la violencia, determinando que hay personas de primera y de segunda categoría.
Lo que vivimos hoy es la crisis social y humanitaria más compleja que se ha vivido después de la Segunda Guerra Mundial, pero si hay algo que podemos aprender precisamente de aquel hecho es, primero, que los derechos humanos son inalienables y, segundo, que, en tiempo de crisis, es la acción colectiva y el resguardo de los bienes naturales comunes, lo que nos permitiría lograr sobreponernos a los impactos de la crisis actual.
Pareciera ser entonces que es una obviedad el resguardo del agua y garantizar su consumo humano como un derecho básico, pero claramente no lo es. Voces, que sin duda profitan de las vulnerabilidades de los distintos territorios, sostienen que el uso del agua debiese ser prioridad para la producción de alimento de forma intensiva, sin evidenciar que dicha producción puede tener un alto costo para las comunidades, además de intensificar la crisis sanitaria al carecer de recursos hídricos que puedan garantizar la higiene correspondiente que se recomienda para cada persona bajo estado de COVID-19. Ante esto, podríamos preguntarnos si efectivamente es el modelo agroexportador la solución a lo que vivimos, o este podría intensificar aún más la crisis.
Es verdad que vivimos hace más de una década una sequía extrema y que quizás muy pocos países han vivido dicha situación, pero también es verdad que son muy pocos países o casi ninguno a excepción de Chile, que tienen privatizadas sus aguas, sumado a un saqueo y, por supuesto, a los marcos constitucionales que aseguran que aquellos que posean derechos de agua los puedan tener a perpetuidad y heredables, aunque no garantice un consumo básico a la población, teniendo presente que Naciones Unidas declara el acceso al agua como un derecho humano.
Llama la atención que quienes hoy piden a gritos el resguardo económico del Estado, específicamente a las industrias, sean capaces de sostener que la administración que los privados han tenido sobre el agua pudiese ser mucho mejor que la administración estatal, la cual no es capaz de garantizar un acceso básico y genera situaciones de alta complejidad como las que vivimos en Petorca y tal como lo señala Bárbara Astudillo, activista y residente de la localidad, “el negocio del agro esta muy lejos de salvar vidas y solo se enriquecen a costa de las vidas del territorio, y en donde las y los habitantes, no alcanzan ni siquiera a llenar un tarro con agua para el día”.
Es por ello, que la Mesa del Agua creada por el gobierno, carece de la representatividad de múltiples actorias y, nuevamente, tal como sostienen algunos expertos, esta es un espacio que solo busca el diálogo entre la industria y el Estado, quedando nuevamente fuera la sociedad civil y las organizaciones territoriales, dejando claro que no es producto de la crisis sanitaria actual aquella necesidad que tienen los industriales por mantener el control absoluto del recurso hídrico, sino que viene desde mucho antes y por otras razones bastante menos humanitarias.
Entonces, tal como se hace de forma regular en el país por distintos proyectos, hoy podemos sin ningún problema y tal como lo han señalado distintos expertos constitucionales, incluso bajo la actual constitución, expropiar derechos de agua de forma que se garantice y resguarde el derecho humano que significa el acceso al recurso hídrico. Es más, ello hoy pareciera ser un deber. Esto sin duda es un acto necesario y humano, para todas aquellas personas que ven vulnerados sus derechos y que hoy en escenario de una crisis sanitaria global, no pueden cumplir con un mínimo para resguardar su salud, la de su familia, que es precisamente lo que recomendó el gobierno, con el simple acto de lavarse las manos por al menos 20 segundos varias veces al día.
Publicación original: https://radio.uchile.cl/2020/05/10/el-mercado-del-agua-cuando-la-violencia-y-la-discriminacion-son-mas-naturales-que-el-agua/
