Por Constanza Jana Franzani. Directora de Estudios de Territorios Colectivos.
En la constitución de 1980, actualmente vigente, se consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sin embargo, la legislación e institucionalidad ambiental, enmarcadas en esa constitución, según todo diagnóstico, no han podido dar abasto para enfrentar la magnitud y velocidad de la degradación ambiental que provoca el modelo económico, también avalado y habilitado por la constitución del 80.
En la propuesta de nueva constitución, que los chilenos y chilenas debemos votar este 4 de septiembre, se consagran los derechos de la naturaleza, una innovación (para Chile), en materia legislativa que pretende nivelar la balanza a favor de la protección de los ecosistemas y del derecho humano a un medio ambiente saludable, forzando un enfoque de responsabilidad ambiental en las decisiones clave en todos los aspectos de la vida, reconociendo además, que nos encontramos en una situación de crisis climática y ecológica que exige un cambio en nuestro modelo de desarrollo para enfrentarla y lograr adaptarnos como sociedad.
En nuestro actual modelo de desarrollo los elementos de la naturaleza son valorizados como recursos financieros, el impacto ambiental de las actividades humanas también es valorizado en términos económicos y los límites de la degradación del medio natural se ajustan a derecho en función de habilitar prioritariamente el crecimiento económico que, además, sabemos que privilegia a una élite, mientras también sacrifica territorios y vidas.
En el borrador de la nueva constitución se propone una ponderación distinta que apunta a un modelo de desarrollo más sustentable y sostenible, se reconoce la interdependencia de las personas y la naturaleza, la existencia misma de la naturaleza es puesta en valor y los recursos naturales esenciales para la vida son catalogados como bienes comunes inapropiables. El mandato hacia el Estado lo obliga, no sólo a planificar y cuantificar los daños ambientales de las actividades humanas y mitigarlos, si no, a tomar acciones concretas y destinar recursos para proteger la naturaleza de la intervención humana, directa e indirecta y garantizar con ello el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todas y todos.
Aprobar la nueva constitución nos permitirá levantar muchas voces, de múltiples actorías, que hasta ahora no habían sido escuchadas, la naturaleza misma tendrá derecho a ser defendida, se abren nuevas y más efectivas vías de participación para la ciudadanía en las decisiones de políticas de desarrollo en sus territorios e, incluso, los animales son reconocidos como sujetos protección por ser seres sintientes, capaces de disfrutar y sufrir.
A pesar de que todo esto suena a que sería un salto de envergadura astronómica para Chile, según la experiencia comparativa internacional, aprobar en el plebiscito de salida, nos elevará al piso mínimo que necesitamos para hacernos cargo, como Estado y como personas habitantes del territorio, de la crisis ambiental y social que nuestro propio modelo de desarrollo ha provocado.
