Por: Juan Pablo Espinoza , Director Ejecutivo Territorios Colectivos
Hace un par de días, organizaciones de la sociedad civil hicieron llegar una carta al SERVEL, SEGPRES y los presidentes de ambas cámaras, con el fin de manifestar y declarar la intención de trabajar en forma conjunta para garantizar un plebiscito seguro, que resguarde la salud de todas aquellas personas que ejercen su derecho cívico de votar en este plebiscito del 25 de octubre.
El día de ayer, la sociedad civil organizada al igual que todos los chilenos, nos enteremos que se confirma la fecha de plebiscito, y que este se realizará en un tiempo más extendido que lo habitual, pasando de 10 horas a 12 horas, y que el Ministerio de Salud, realizará algunas recomendaciones en temas sanitarios. Cabe señalar que aquella disposición del gobierno, emana de una “mesa técnica”, que curiosamente no integra a las organizaciones de la sociedad civil y como ya ha sido la tendencia del gobierno, se resuelve entre cuatro paredes y de espalda a la ciudadanía.
En concreto, más allá de poner sobre la mesa las propuestas que desarrollaron las diversas organizaciones articuladas en diversos espacios para realizar un plebiscito seguro durante meses, es que nuevamente en un proceso tan relevante como un plebiscito, el gobierno no entiende el rol de la ciudadanía.
Sin duda que esta es la piedra de tope, por que nos permite darnos cuenta que posterior al “estallido social” del 18 de octubre del 2019, en donde el gobierno declaró reiteradas veces haber escuchado a la ciudanía, este nuevamente sigue funcionando con una lógica autoritaria y ajena a la realidad del proceso social que vive el país, lo que sin duda preocupa en que esta actividad cívica, se pueda sacar adelante con todas aquellas garantías de un debido proceso.
La participación ciudadana es clave, es lo que durante 30 años se reclamó y es precisamente un pilar fundamental de todas aquellas demandas sociales, que buscan reposicionar en el debate político del país las necesidades de la ciudadanía mediante la apertura de espacios en las tomas de decisiones y un fomento a la participación ciudadana democrática.
En efecto, el plebiscito es la alternativa viable para conducir un debate en torno al desarrollo socioeconómico del país para el futuro y cómo se co-construye un nuevo pacto social que nos permita modelar una nueva sociedad.
Hoy, con un gobierno que nuevamente establece mesas y espacios poco participativos y vinculantes, la sociedad civil debe ir en la búsqueda del trabajo conjunto con tomadores de decisiones, expertos y movimientos sociales que puedan cristalizar aquella necesidad de participación ciudadana. Así la ciudadanía podría tomar un rol protagónico del proceso, teniendo clara la complejidad de lo que esto significa, estando en un confinamiento producto de una crisis sanitaria como consecuencia de una de las pandemias más importantes de la historia.