Columna de opinión por Maximiliano Proaño

La transición energética hoy en día es objeto de debate público. Organismos internacionales, políticos, corporaciones, la academia y la sociedad civil se refieren a dicho concepto para tratar de explicar sus puntos y llevar a cabo su agenda. Algunos sectores se refieren a la transición energética desde las propuestas de la economía verde, con lógicas economicistas y corporativistas; otros abogan por una transición energética transformadora, que se convierta en la punta de lanza de un nuevo modelo de desarrollo.  Entonces cabe preguntarnos ¿Cómo es posible que la transición energética proyecte significados tan diversos?. Para esbozar una respuesta, primero resulta necesario acotar algunos aspectos relevantes sobre los cuales se desenvuelve la transición energética a nivel global.

En primer lugar, es importante tener claro que la transición energética es inevitable pues los recursos fósiles son finitos y, por lo tanto, tenemos la certeza que se acabarán. De hecho el gas y petróleo barato y de fácil extracción ya se están acabando y por esta razón, algunos países han recurrido a los hidrocarburos de una costosa y compleja técnica de extracción como es la fractura hidráulica o el fracking que además implica una serie de riesgos e impactos ambientales y sociales.

Además, por la evolución que han tenido las energías renovables durante los últimos años (lo veremos más adelante) todo indica que las energías fósiles quedarán obsoletas antes que se acaben por completo.

Un segundo aspecto que debemos tener en cuenta es que la transición energética es necesaria y urgente. El sector energético es responsable de la gran mayoría de los conflictos socioambientales del país[1]. Las termoeléctricas son las principales responsables de la existencia de cinco zonas de sacrificio en Chile donde las comunidades y los territorios han sido fuertemente afectados. Pero además, del desafío local, también está el global. Sobre el 70% de los gases efectos invernadero causantes de la crisis climática  provienen del sector energético. En Chile es sobre el 75%.

Hoy la crisis climática ya representa una enorme amenaza para la humanidad, y en las próximas décadas esto empeorará, mientras que los esfuerzos de los gobiernos son absolutamente insuficientes. El acuerdo de París busca que los gobiernos logren reducir el alza de la temperatura a 1.5°C al 2030, pero incluso logrando reducir el alza de la temperatura a 1,5º C, las consecuencias del calentamiento global serán muy nocivas. Según la ONU el CC ocasionará la caída en la pobreza de 120 millones de personas al 2030. Un alza de 1.5 salvaría a 40 millones de personas del hambre comparado con un alza de 2º y 270 millones menos sufrirían de sequía y escasez hídrica también con la diferencia en el alza de 1,5 a 2º. En el caso de Chile si bien es un país que aporta un porcentaje menor de los GEI globales, al momento de comparar las emisiones per cápita son bastante altas, entre las de Francia e Inglaterra. Además, la ONU ha declarado al país como altamente vulnerable a los efectos del cambio climático.

Cabe agregar que la catástrofe global que origina la crisis climática en curso tiene responsables y tiene un fuerte componente de (in)justicia ambiental, toda vez que afecta en mayor medida a los países más vulnerables y a los sectores más vulnerables de la sociedad. Con el desarrollo del capitalismo un pequeño grupo de la población mundial controla los medios de producción, y por lo tanto, toma las decisiones sobre cómo, dónde y cuánto producir. En 2014 Richard Heede, presentó un estudio que analiza, durante el período de 1854-2010 (gran parte de la era industrial), las emisiones de 90 corporaciones públicas y privadas dedicadas a la producción de carbón mineral, petróleo, gas y cemento. La investigación concluyó que esas 90 corporaciones han sido responsables del 63% de los gases de efecto invernadero (GEI) en el período estudiado. Es más, si consideramos sólo a las primeras 20 de la lista, todas gigantes del sector energético, estas producen el 30% de los GEI. Por otra parte, mientras el 10% más rico de la población mundial es responsable de generar el 50% de los gases efecto invernadero globales, el 50% más pobre de la población mundial, unos 3.500 millones de personas, generan solo el 10% de los GEI totales. Este 50% se ubica casi absolutamente en el sur global, es decir, asia, áfrica y latinoamérica.

Pero la transición energética no es sólo inevitable y necesaria, sino que también es absolutamente posible. Una de las grandes ventajas de las energías renovables es la posibilidad de desarrollar proyectos a escala local donde la ciudadanía pase a jugar un rol activo. Generalmente se argumentaba que el problema de las energías renovables era su alto costo de inversión, sin embargo, esto ha cambiado. La Agencia Internacional de Energía Renovable ha establecido que a partir de 2020 la energía solar y la eólica en tierra serán más económicas que las alternativas más baratas de energías fósiles sin ningún tipo de asistencia financiera.

Entonces si la transición energética es inevitable, necesaria y posible ¿por qué no está ocurriendo en la forma y velocidad requerida? La respuesta se podría resumir en la falta de voluntad política para hacer frente a los enormes intereses y el tremendo poder corporativo de las energías fósiles. Esto se refleja en políticas públicas inadecuadas tales como subsidios a energías sucias, falta de regulación y políticas fiscales que incentiven decididamente las energías renovables, y por sobretodo, la ausencia de un marco regulatorio y político que propicie

Transición energética en Chile

¿Está sucediendo la transición energética en Chile? ¿Es posible esta transición energética bajo los modelos energéticos y productivos actuales?. La respuesta depende de qué entendemos por transición energética.

Si la entendemos como una transición que signifique sólo un cambio tecnológico desde energías fósiles a renovables, se podría decir que Chile está inmerso en un proceso de transición energética, pues hace siete años atrás la participación de las energías renovables en la matriz eléctrica chilena era aproximadamente de 5%, hoy en cambio sobrepasa el 20%. Sin embargo, aunque el crecimiento de las energías renovables ha sido explosivo, la matriz eléctrica chilena, como se puede ver en la imagen, a junio de 2020 aún está compuesta de fuentes fósiles por sobre el 50%.

Esta matriz eléctrica basada principalmente en fuentes fósiles como carbón, gas y diésel, resulta determinante en que a lo largo del territorio nacional existen cinco zonas de sacrificio (Mejillones, Tocopilla, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel), que concentran la gran mayoría de las centrales termoeléctricas del país y donde los derechos humanos de los habitantes de dichos territorios son vulnerados a diario. Por lo tanto, lo cierto es que Chile aún posee un modelo energético contaminante, con una alta concentración en la propiedad, con mucha conflictividad por su impacto socioambiental, reproductor de desigualdad e injusticia ambiental, y con ausencia de participación de la ciudadanía en la planificación, propiedad y gestión de los proyectos energéticos.

¿Qué transición energética requiere Chile?

En términos de Gudynas (2011) las transiciones son un conjunto de medidas, acciones y pasos que permiten moverse del desarrollo convencional al desarrollo deseado, el buen vivir o el imaginario que construyamos. Por lo tanto, si el modelo energético de un país está directamente ligado a su modelo de desarrollo, tenemos que un nuevo modelo energético necesariamente pasa por plantearnos un modelo societario diferente. Qué duda cabe que hoy en Chile, en un contexto post 18-O y pandemia, el modelo se encuentra impugnado y, por lo tanto, el debate público debe girar en torno a qué modelo de desarrollo queremos construir. En este contexto, una transición energética justa y democrática puede convertirse en la punta de lanza hacia un país más equitativo.

En el debate sobre la transición energética, mucho se habla sobre la necesidad de una transición justa. Acorde con el origen del término en EEUU en la década de los 70´en las negociaciones por el cierre de una planta nuclear, el debate aún gira principalmente en la necesidad de tomar las medidas adecuadas para que los trabajadores del sector energético no sean los grandes perjudicados de este proceso[2]. Sin embargo, aunque la inclusión de los trabajadores para una transición energética justa es un aspecto esencial, este debe ser un proceso más amplio y complejo. En términos de justicia, y en particular de justicia ambiental, son tres las nociones que resultan claves para la transición energética, estas son la distributiva, participativa y de reconocimiento (Schlosberg, 2007; Hervé 2010). El elemento distributivo, es entendido como la distribución equitativa de las cargas y beneficios ambientales, considerando no sólo el aspecto procedimental de la justicia sino también el sustantivo. El elemento participativo, es un principio ampliamente reconocido como un elemento de la esencia de la justicia así como del Derecho Ambiental. Generalmente, la teoría de la justicia reconoce la participación como un medio que permite abordar de mejor manera tanto los problemas de distribución como de reconocimiento (Schlosberg, 2007). El elemento del reconocimiento por su parte, “no solo se refiere al derecho individual al reconocimiento de uno mismo, sino más importante, al reconocimiento de las identidades colectivas y sus necesidades, preocupaciones y modos de vida particulares” (Urkidi & Walter, 2011, 684-685). Esta noción de justicia, es particularmente relevante para las comunidades indígenas que luchan por sus derechos territoriales, la protección de su cultura y espiritualidad.

En cuanto a la necesidad de una transición energética democrática, debemos entender que se requiere un cambio de paradigma sobre el rol que juega la ciudadanía en materia energética, transitando desde la situación actual de meros clientes, a concebir la energía como un bien común y por lo tanto convertirnos en actores activos tanto en los procesos de planificación y diseño de la política energética, participación temprana de las comunidades sobre los proyectos que se desarrollan en los territorios y en los procesos de toma de decisiones, y como agentes activos en los procesos de generación y distribución de energía a través de experiencias de asociatividad tales como cooperativas de energía.

Para concluir, sólo reforzar la idea que para que la transición energética sea económica, social y medioambientalmente viable, esta debe ser justa y democrática. Para llevar a cabo este propósito exitosamente, se requiere a su vez, de un marco institucional y político adecuado que le permita a las comunidades experimentar un proceso de empoderamiento y asociatividad de algo tan cotidiano y común como la energía.

Referencias:

Gudynas, E. (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa. En C.M. MOKRANI, Más allá del desarrollo. Quito: Fundación Rosa Luxemburg/Abya Yala, ISBN: 978-9942-09-053-9.

Heede, R. (2014). Tracing anthropogenic carbon dioxide and methane emissions to fossil fuel and cement producers, 1854–2010.

Hervé, D. (2010). Noción y elementos de la Justicia Ambiental: Directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista De Derecho (Valdivia),23(1), 9-36. doi:10.4067/s0718-09502010000100001.

Schlosberg, D. (2007) Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature (New York: Oxford University Press).

Urkidi, L., & Walter, M. (2011). Dimensions of environmental justice in anti-gold mining movements in Latin America. Geoforum, 42(6), 683–695. doi: 10.1016/j.geoforum.2011.06.003


[1] https://mapaconflictos.indh.cl/#/

[2] https://www.energia.gob.cl/mini-sitio/estrategia-de-transicion-justa-en-energia

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